Desde la resiliencia

Investigación, texto e infografía: Alicia Galarraga

Andrea Peñaherrera, la protagonista de esta historia, en su ceremonia de graduación de psicólogía clínica.

Esta es una historia que pudo ser de muerte. Pero es de sobrevivencia.

Desde su infancia, Andrea Peñaherrera supo que le gustaban las niñas. En la escuela, las autoridades y las maestras la llamaban «manzana podrida». Su madre le repetía que prefería tener una hija muerta antes que «marimacha».

Un estudio de la organización no gubernamental Taller de Comunicación Mujer compuesto de 258 muestras, concluye que el lugar donde las personas LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer) reciben el mayor número de agresiones es su hogar. Estas agresiones son de tipo físico en un 19%; psicológico en 17% y sexual, 6%. El INEC corrobora estas cifras. El 70,9% de entrevistados sufrió algún tipo de violencia en su hogar debido a su orientación sexual.

Cuando Andrea era adolescente, su madre la llevó a una psicóloga para que le quite de la cabeza «esas ideas distorsionadas sobre su sexualidad». Andrea escuchó de esta profesional que las lesbianas terminan suicidándose. O en el infierno. Andrea se rehusó a tomar estas expresiones como verdaderas y decidió estudiar psicología clínica. Para la profesional que la atendía de niña, las lesbianas no debían estudiar psicología porque eran «peligrosas».

En la actualidad Andrea trabaja como psicóloga acompañando a personas LGBTIQ+. Entre los casos más conmovedores, recuerda el de un joven que fue ingresado a una clínica de deshomosexualización por su madre. Ella era de condición económica vulnerable y pagaba el «tratamiento» con sacos de arroz. El joven fue asesinado en el interior de la clínica de deshomosexualización.

Otros chicos que estaban ahí recibiendo «tratamiento» le contaron a la madre que el joven fue ahogado con los mismos sacos de arroz que llevaba para pagar el internamiento. La madre puso la denuncia ante la justicia. Sin embargo, la denuncia fue archivada sin que haya existido sentencia.

Lo más grave es que el dueño de este centro de deshomosexualización continúa abriendo espacios similares. Tras la muerte del joven, al ser notificado por la Fiscalía General del Estado para las investigaciones, inauguró otra «clínica» en un lugar diferente del país. Al respecto, Andrea Peñaherra cree que «la justicia parece no llegar para las minorías LGBTIQ+. Esta impunidad es lo que nos mantiene siendo una población minada y aminorada en derechos«.

¿Cuánto podría costar una «terapia» en un centro de deshomosexualización?

En enero del 2017, el Comité para la Tortura de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) emitió un informe sobre el caso ecuatoriano. El Estado recibió un llamado de atención por la situación de personas LGBTI encerradas en centros clandestinos de deshomosexualización en contra de su voluntad. Este tipo de tratos son considerados por organismo internacionales de defensa de derechos humanos como «degradantes» y representan una «forma de tortura». Al Comité para la Tortura de la ONU, además, le llamó la atención que ninguno de los casos denunciados haya terminado con sentencia. El Estado ecuatoriano, hasta la fecha, no ha respondido.

Si bien estos centros están prohibidos, funcionan bajo la figura legal de clínicas para tratar adicciones. El Ministerio de Salud tiene registrados y autorizados sesenta centros que funcionan como tales en el país. En estos lugares las personas LGBTIQ+ son sometidas a violaciones sexuales, administración de hormonas, descargas eléctricas, baños con agua fría y encierro en celdas minúsculas sin acceso a servicios básicos ni alimentos. Andrea se pregunta, «¿qué tipo de seguridad existe para las personas LGBTI Q+ en sus hogares, si sus propios familiares los exponen a secuestro, encierro y tortura?»

El caso de Andrea es excepcional. Según las cifras del INEC, pese a que el 31,8% de población LGBTI entrevistada cuenta con educación superior, solo el 3,5% tiene acceso a posiciones de gerencia o dirección y el 49,5% obtiene sus ingresos dedicándose a «vendedores de comercios y mercados». En Guayaquil, el 4% de empresas está dispuesta a contratar personal transexual.

La homosexualidad fue despenalizada en Ecuador en noviembre de 1997. Sin embargo, Andrea considera que en el país todavía queda mucho por hacer en cuanto a acceso real a derechos para estos ciudadanos. Y aunque su trabajo sea «como el de una hormiga», cree que hacerlo ayuda a que otras personas LGBTIQ+ vivan destinos libres, donde su condición sexual no sea un impedimento ni un motivo para avergonzarse o no cumplir sus sueños.

“Los colegios maltrataron a mi hijo y terminaron con su autoestima”

ENTREVISTA

Por Alicia Galarraga
Ilustración: Aliatna

Amelia (nombre protegido) es madre de un joven de 34 años diagnosticado con TDAH (trastorno déficit de atención e hiperactividad). Este trastorno, si bien no está catalogado por la OMS ( Organización Mundial de la Salud) como discapacidad, sí crea problemas para ejecutar  actividades cotidianas como: cumplir y culminar tareas; concentrar la atención en un hecho específico por periodos largos de tiempo; o, no comprender las instrucciones para realizar una actividad determinada. Pese a las vicisitudes diarias que enfrenta con su hijo para que él sea funcional, Amelia tiene una gran fortaleza que ni ella mismo sabe de dónde emerge.

¿Cómo fueron los primeros meses de vida de su niño, qué detalles específicos lo hacían diferente?

 Yo tenía amigas que sus hijos bebés dormían  casi todo el día. Mi hijo, mientras tanto, permanecía despierto, en completa actividad  y sin ánimo de dormir. Así, hasta que anochecía. En sí nunca estaba quieto: su vida era saltar, correr, brincar, moverse.A los dos años, ya sabía manejar la bicicleta sin las llantas de apoyo, a diferencia de otros niños de su edad que, a veces, ni siquiera se atrevían a  subirse en ella. En esa época mi casa estaba ubicada en la parte más elevada de una cuesta y mi hijo se lanzaba desde ahí en su bicicleta o en un cartón. Otros niños querían imitarlo pero no tenían su habilidad ni destreza  y terminaban golpeados y con abolladuras.


¿Cómo fue para su hijo el inicio de la etapa escolar?

Yo busqué un jardín de infantes municipal porque me habían dicho que la educación en esta clase de  establecimientos era excelente. Excelente. Pero no para  mi hijo. Él necesitaba una institución educativa con pocos niños y dedicación especial por parte de sus maestras. Es decir, todo lo que no tiene la educación masificada que atiende a grupos grandes de alumnos.
Al poco tiempo de iniciadas las clases, mi hijo empezó a tener dificultades. La maestra lo etiquetó de “niño problema y malcriado”. Mientras ella daba clases, él se las ingeniaba para desconcentrar a todos los niños que estaban a su alrededor; y, la maestra no podía avanzar. De estos pormenores me enteré porque la maestra auxiliar había sido amiga de un compañero mío del trabajo y le contó  que  la maestra le había cogido fastidio a mi hijo, lo maltrataba y ponía en ridículo. Así decidí cambiarlo de jardín de infantes y lo llevé a una institución donde no había más de quince alumnos por aula y mi hijo terminó ahí, sin contratiempos, esta primera etapa escolar.


Con estos antecedentes, ¿cómo continuó la primaria?

En primer grado, volvió a tener dificultades escolares. En esta ocasión, la maestra sí me llamó a una reunión para quejarse de mi hijo: que secsalía del aula, que no presentaba las tareas, que no ponía atención en las clases y un sinnúmero de novedades más. Yo salí devastada de la reunión y lo llevé a un neurólogo-pediatra. Él lo diagnosticó con TDAH (trastorno déficit de atención e hiperactividad) y lo medicó. Con la medicina, el niño mejoró  en su comportamiento. Sin embargo, después de tres años , yo tomé una decisión de la que hasta ahora me arrepiento porque fue un tremendo error: dejé de medicarlo sin consultarle al médico. 

Por lo general, los niños con TDAH, gracias a su gran energía, destacan en actividades deportivas, ¿fue así en este caso?


En efecto, así fue. Mi hijo se destacó como futbolista en una escuela particular de fútbol y fue  a una competencia internacional  a Brasil. No sé qué sucedió allá. El profesor nunca entró en detalles. Pero a partir de ese viaje, mi hijo no quiso volver a entrenar en esa escuela y me dijo que, durante el viaje,  un niño, tres años mayor que él, lo molestaba y maltrataba y que por escapar, saltó por la ventana de un edificio (¿?). No sé si eso de verdad sucedió o fue la imaginación de mi hijo.  Pero él  no volvió  a mencionar el tema. Sin embargo, ese no fue el único sitio donde tenía problemas para integrarse con chicos de su edad. En el barrio, los niños salían a jugar y no lo incluían; además, cuando él quería unirse,  lo pegaban y  maltrataban. 

Pese al incidente en Brasil, durante toda la primaria se siguió destacando en los deportes. Pero para mí, este detalle fue secundario. En mi mente estaba, como prioridad, que él debía estudiar y ser un profesional. Busqué un colegio fuerte, estricto para esta nueva etapa educativa en la que él iniciaría sin el  acompañamiento médico de un neurólogo y, por lo tanto, sin tomar medicación. Este es uno de los errores que cometí, lo reconozco,  y que perjudicaron a mi hijo. 
Cuando inició el primer año de colegio, se presentaron los mismos problemas de la primaria: quejas por parte de los docentes en torno a su comportamiento y falta de interés en lo académico. Pero sucedió algo que alarmó a las autoridades: en la sala de ciencias, mi hijo rompió un frasco. Resulta que este frasco, tenía ácido muriático. Cuando el frasco se rompió, el olor se dispersó por el aula y los niños y la maestra empezaron a adormecerse. Por suerte, la travesura no tuvo mayores consecuencias. Pero a partir de este episodio, la psicóloga del colegio me recomendó una profesional famosa y carísima en la que se me iba más de medio sueldo. Yo no entiendo por qué las instituciones educativas tienen una psicóloga pero, finalmente, terminan derivando a nuestros hijos a profesionales externos.

¿Cómo fue esta experiencia de acompañamiento psicológico?

Fatal. La psicóloga convenció a mi hijo de que no necesitaba medicación. El daño fue tan grande que, hasta el día de hoy, mi hijo no acepta tomar medicina. Según ella, el TDAH “no existe y es un invento de los médicos para que los laboratorios farmacéuticos se hagan millonarios”.  Para esa época, yo ya me había divorciado del padre de mis dos hijos y la profesional dedujo que los problemas de comportamiento que presentaba el niño, eran una respuesta a la ausencia de su padre. Como usted ve, es peligroso que personas sin conocimientos, escrúpulos ni ética ejerzan una profesión. 

Además de continuar con esta psicóloga, emprendí una nueva búsqueda de acompañamiento profesional. Ahí cometí otro error porque debí regresar donde el primer médico neurólogo-pediatra que atendió a mi hijo y lo que hice fue buscar un neurólogo para adultos que lo diagnosticó con síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es un trastorno que provoca movimientos repetitivos y tics, cosa que mi hijo no tenía. Este neurólogo a más de medicación recomendó continuar con terapia psicológica. Y pese a las graves dudas que yo tenía sobre la psicóloga, continué llevando a mi hijo con ella.

Para su hijo, ¿cuáles fueron las consecuencias de recibir terapia psicológica de una persona que, claramente, no estaba preparada para ejercer como profesional?

Como mi hijo se negó rotundamente a  tomar medicación, su problema de TDAH se agravó. En consecuencia, no pudo permanecer en ningún colegio. Creo que él, sin exagerar, recorrió todas los colegios de Quito.

Para mí, además del desgaste emocional, este hecho representaba un gran gasto económico porque cada vez que se cambiaba de colegio, yo invertía en matrícula, pensión, uniformes, libros y útiles escolares. Yo siempre fui clara y advertía  a las autoridades de los colegios que mi hijo tenía un diagnóstico médico de TDAH. Me decían: “sí, no se preocupe, nosotros lo recibimos”. Pero al poco tiempo, me llamaban desesperados para pedirme, rogarme, suplicarme que lo retire. Claro, antes debía pasar por colecturía para cancelar los daños que había ocasionado. Por ejemplo, les había sacado las bolitas a todos los mousse de la sala de cómputo  y claro, yo debía pagar la cuenta. 

Mi hijo recibió mucho maltrato de parte de las autoridades y los profesores: a él le gustaba cortarse el cabello bien cortito y ponerse gel en las puntas. Para los profesores, esto era inaceptable y  motivo de escándalo. lo enviaban al baño a que se moje el cabello. En otra ocasión, un profesor ordenó en la fila de formación que se separen chicos y chicas. Él sacó su cabeza de la fila y el profesor, tratándolo de maricón,  le ordenó que se enfile. Mi, hijo, que no aceptaba (y hasta ahora no acepta) este tipo de tratos, le contestó que pruebe quién era más maricón. Esta vez, la expulsión fue inmediata. 

Estos son solo dos hechos puntuales. Pero, en la práctica, los profesores etiquetaron a mi hijo de  malo, malcriado, majadero, patán, entre otros epítetos por el estilo. Es decir, acabaron con su autoestima, su personalidad y su derecho básico a  tener acceso a educación. Ahora  le converso todo esto, así como me ve, tranquila. Pero, hasta hace poco, estos recuerdos me causaron lágrimas, dolor y sufrimiento. 

Después de la experiencia negativa con la psicóloga, ¿qué expectativas tenían usted y su hijo de estos profesionales?

Así como mi hijo anduvo de colegio en colegio, también anduvo de psicólogo en psicólogo, de neurólogo en  neurólogo y de psiquiatra en psiquiatra. Hasta que llegamos donde un excelente profesional en psiquiatría que me recomendó, de forma definitiva, no enviar a mi hijo a más colegios y terminó sus estudios secundarios a distancia. 

Lo que sucedió en el colegio, se repitió en la universidad. Estuvo en todas las universidades de Quito y para mí era un gasto que consumía casi todo mi sueldo porque, a más de cubrir las  pensiones, mi hijo tenía un profesor que costaba, más o menos 700 USD mensuales. Igual desertó y no finalizó la carrera. 

En la actualidad está en otra universidad estudiando Derecho. Ha avanzado hasta noveno semestre. Pero sigue siendo una lucha. Para él y para mí. No ha vuelto a tener acompañamiento neurológico, psiquiátrico ni psicológico. Después de todas las experiencias de su infancia y adolescencia con estos profesionales,  no confía en ellos. No sé si su vida sería más llevadera si estuviera medicado. Pero ya es un adulto de 34 años y a su edad, no puedo obligarlo a medicarse.  

Espero ser una guía para  las madres que leen mi historia. Deseo que encuentren profesionales éticos que ayuden a sus hijos a transitar  de forma positiva por esta experiencia. Ojalá lleguen a establecimientos educativos donde sus hijos sean acogidos con cariño y comprensión. 

Me niego a pensar que la educación sea lo único en el mundo que no ha evolucionado al mismo ritmo que otras ciencias. Cuando de ella depende el futuro de la humanidad. 

Menos del 1% de maestros y maestras conoce cómo abordar a estudiantes con trastornos de aprendizaje

En el sistema de educación pública de Ecuador

Ilustración:  Aliatna_al .

Durante los años 2015 y 2016, la Universidad del Azuay y la Secretaría Técnica de Discapacidades del Ecuador, SETEDIS, estudiaron y analizaron una muestra de 10.236 participantes. Los resultados permitieron concluir que, menos del 1% de los encuestados, tiene conocimiento sobre las necesidades educativas de los estudiantes con trastornos de aprendizaje.

La Universidad del Azuay y la Secretaría Técnica de Discapacidades del Ecuador, SETEDIS, aplicaron encuestas 10.236 maestros y maestras de las zonas rural (37,80% de los encuestados laboran en establecimientos de la ruralidad) y urbana del país.

A partir de este estudio se pudo conocer que, pese al marco legal y a las políticas que desde el Estado se crearon para velar por la inclusión de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales (NEE), apenas el 34,23% de maestros y maestras las conocen.

Otro dato que llama la atención es que el 59,30% de los encuestados cuenta con un título en Educación. El 40,70% restante tiene títulos que nada tienen que ver con esta rama académica.

Sin embargo, la cifra más preocupante corresponde a la pregunta sobre el conocimiento de los encuestados acerca de los métodos de enseñanza- aprendizaje que deben aplicarse en las aulas a los niños que presentan trastornos generales de desarrollo, como autismo, asperger, TDA, TDAH.

A más del bajo conocimiento sobre este tema específico que engloba al 93,18% de los maestros y maestras encuestados, solo un 7% sabe algo y el 0,29% dispone de un real conocimiento de las necesidades educativas especiales que requieren estos estudiantes.

Estos datos permitieron concluir a los expertos responsables de este estudio que, casi ningún estudiante con un trastorno, puede acceder a un aula inclusiva como lo estipulan las leyes y normas vigentes.

Luces arcoíris en Carondelet para frenar 99 puñaladas de odio

Familiares y amigos de Javier Viteri, en plantón, el 16 de junio último. Ellos exigen condena para el asesino de Javier.

La noche del 27 de mayo del 2020, a Javier Viteri lo asesinó el conscripto Hilmar Corozo de 99 puñaladas. Se espera que Corozo reciba una pena de 34 años de reclusión. Javier, que a la fecha del asesinato tenía 22 años, no pudo concluir sus estudios de medicina y su sueño de un mundo sin discriminación quedó truncado.

«Cuando todo esto termine, nos encontraremos más fuertes, más sabios, más conectados con nosotros mismos y capaces de disfrutar y apreciar a las personas y las cosas que realmente importan”, Javier Viteri

Pese a lo extremo del crimen, en Flagrancia no fue ingresado como delito de odio. La doctora penalista, Gina Gómez de la Torre, considera que estas omisiones de la justicia no permiten que se establezcan estadísticas certeras en cuanto a asesinatos por condición sexogenérica de las víctimas. Por lo tanto, es imposible establecer políticas públicas encaminadas a proteger a la población LGBTIQ+.

En la conmemoración del Día del Orgullo, en el palacio de Carondelet se encendieron luces arcoíris. Así lo hizo saber el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en su cuenta de Twitter. Muchos internautas lo cuestionaron porque consideran que se está imponiendo la «ideología de género».

Es necesario que desde las esferas de poder se incentive el respeto a los ciudadanos LGBTIQ+. De lo contrario, crímenes como el de Javier seguirán ocurriendo y lo «normal» será fomentar el odio.

Medios digitales en Ecuador, ¿un terreno por explorar?

Un terreno por explorar?

Infografías sobre los medios digitales en Ecuador

Carla Maldonado, periodista que fue corresponsal de El Comercio en Europa, reportera en Expreso, Directora General en El Telégrafo; y trabaja ahora en La Posta, considera que los medios digitales en Ecuador no utilizan las nuevas narrativas que caracterizan a los medios digitales. Lo que han hecho es trasladar sus contenidos al internet sin que eso signifique convertirse en un medio digital como sucede con New York Times, The Washington Post o El Clarín.

Actualmente Carla Maldonado escribe para un libro que se imprimirá en Ecuador sobre la evolución del periodismo en el país. El título de su capítulo es «De la máquina de escribir a lo digital».

1. «El buen periodismo digital debe tomar lo clásico del periodismo y plasmarlo en las herramientas de narrativa digital. Ese es el éxito de un modelo de periodismo en el contexto actual»

2. «Más allá de las nuevas narrativas, el periodismo necesita estudiantes que se conviertan en líderes comprometidos. De lo contrario, el país está destinado a repetir y girar en una rueda infinita de errores»

En la siguiente entrevista, Carla Maldonado aborda estos temas en detalle:

Elaborado por Alicia Galarraga

Esconder la opacidad en clasismo y racismo

Mayo del 2019: Jorge Yunda y Santiago Guarderas. Fotgrafía tomada de Flirck

Jorge Yunda no acepta sus responsabilidades administrativas. Pese a que sus acciones y omisiones abrieron el camino para su remoción de la Alcaldía de Quito.

Prefiere echar mano al clasismo y racismo. Según Yunda, no ha podido trabajar tranquilo, no ha podido trabajar en paz porque «siempre ha habido esa resistencia a que una persona del pueblo haya optado por un cargo de elección popular”.  Estas declaraciones las hizo en Radio Pichincha Universa, al día siguiente de ser removido de la Alcaldía de Quito.

La abogada Carolina Moreno no lo cree así. Junto a colega patrocinadora, Jessica Jaramillo, demostraron que Yunda incurrió en seis incumplimientos:

En una entrevista concedida a Alicia Galárraga, la doctora Moreno detalla cuáles fueron los seis incumplimientos que terminaron con la remoción de Yunda de la Alcaldía.

Si el funcionario es de origen popular, «¿que robe nomás?»

¿Este es el mensaje subliminal que Yunda desea posicionar?

¡Qué peligroso para la lucha contra la corrupción y la democracía!

Fernando Orozco: «Solo la muerte me detendrá»

Fernando Orozco, en las afuera de las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante su última visita a Quito en febrero del 2020.

Por Alicia Galárraga

Fernando Orozco se despertó sangrando por su parte íntima. Horas antes perdió la conciencia por el dolor físico y el quebranto emocional y moral.

Lo violó el caporal de La Lagartera del Cuartel Modelo de Guyaquil.

¿Su delito? Ser abiertamente homosexual. Era el año 1986. Fernando tenía veintidós años.

A noviembre de 1997, la Constitución de Ecuador, en una parte del artículo 516, penalizaba la homosexualidad hasta con ocho años de prisión. Bajo este marco legal, Fernando fue víctima de persecución tortura, detenciones y encarcelamientos extrajudiciales durante las décadas de 1980 y 1990.

En mayo del 2019, un grupo de ciudadanos LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales), sobrevivientes de las torturas y abusos ejecutados por miembros policiales y agentes paraestatales, durante las dos décadas del siglo pasado, demandaron al Estado ecuatoriano por el delito de lesa humanidad.

Una investigadora que pidió se mantenga su nombre en reserva, tuvo acceso a los testimonios de los denunciantes. Ella calcula en doscientos el número de víctimas durante las décadas de 1980 y 1990. La cifra real nunca se conocerá porque un número no especificado de ciudadanos homosexuales y transexuales desaparecieron sin dejar rastro. Así como desaparece un vehículo. O un celular. «Solo son maricas». Y ninguna autoridad investigó. Sus familiares no se preocuparon de buscarlos. Y si aparecían muertos, tampoco se ocuparon de judicializar el caso. Total, los muertos eran considerado delincuentes por su orientación sexual.

***

En Quito, en febrero del 2020, después de una decena de intentos fallidos, logré concretar una cita con Fernando Orozco. Llegó a la hora pactada. Su amigo, Gonzalo Abarca, lo considera impuntual, «aunque ya se está reformando», bromea.

La cita con Fernando fue en los exteriores de las oficianas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la avenida Patria, en Quito. Estaba acompañado de Pachis Cuellar (+), quien llegó desde Cuenca y Gonzalo Abarca. Gonzalo y Fernando viajaron desde Guayaquil.

Las acciones de Gonzalo Abarca y Pachis Cuellar fueron decisivas para lograr la despenalización de la homosexualidad en noviembre de 1997. Gonzalo ya no defiende los derechos de los ciudadanos LGBTI. Se convirtió a la religión evangélica y le entregó la posta a Fernando Orozco. En febrero del 2020, Gonzalo estuvo presente en las afueras de las oficinas de Fiscalía, porque es uno de los denunciantes.

Después de poner la denuncia, Gonzalo y Pachis se marcharon. Para concretar la entrevista, Fernando y yo nos dirigimos a un restaurante que él sugiere, a pocos pasos de Fiscalía. Fernando encargó en ese lugar su equipaje. Es una mochila pequeña en la que cabe, con las justas, una mudada de ropa y artículos de limpieza personal. Fernando me explica que esa misma noche regresará en bus interprovincial a Guayaquil porque no le alcanza para pagar un hotel.

Fernando es bajito y enjuto. Tiene la piel canela y gruesa. Algunas arrugas cercan su rostro, en especial alrededor de la boca y los ojos. El cabello, canoso a sus 58 años, está recogido en una cola. Una bufanda de la bandera LGBTI adorna su cuello.

En el restaurante en el que conversamos, Fernando pide un almuerzo. Cuando llega su sopa, sancocho de carne, le agrega cucharadas y cucharada de ají. Repite el exorcismo de ají en el plato fuerte, seco de carne. Mientras Fernando almuerza, dice que no puede creer que, después de tantos años de espera, haya denunciado ante la justicia los abusos que sufrió en el tiempo en que se penalizaba la homosexualidad.

Fernando me mira de frente y me sorprende su sonrisa cálida, su alegría, chispa y optimismo, a pesar de haber sido encarcelado en tres ocasiones por su condición de homosexual. Luego dice que «hay gente homofóbica que prefiere abandonar un lugar antes que estar junto a mí». Eso le ha pasado algunas veces. La última, en el Hospital del Guasmo, en su natal Guayaquil. Con la madre de Félix Villacrés.

Félix es un joven de 22 años que Fernando rescató de la calle. Fernando obtuvo, con un trámite tortuoso de dos años, el carné de discapacidad para el joven. Además lo acompaña a las citas con el psiquiatra y supervisa que tome su medicación. Debe medicarse de por vida. Félix y Fernando son como padre e hijo. Félix considera que Fernando es impaciente, recto y mandón. A la vez, destaca su calidad humana:

-Si no fuera por Fernando, no sé qué sería de mi vida.

***

Ha pasado más de un año desde nuestra última entrevista personal. Fernando, que antes de la pandemia tenía su propia peluquería, en la actualidad labora para terceros en un negocio similar en Guayaquil. El día que lo contacté, tuvo una cliente de rayitos. Estaba contento por «el cachuelo».

Sin embargo, a Fernando le preocupa la suerte del resto de personas de la tercera edad LGBTI que no tienen oficio, trabajo o alguna forma de solventar sus gastos. Sus compañeros que lograron la despenalización de la homosexualidad en 1997, pertenecen, en la actualidad, a ese grupo de edad. Varios han muerto en la indigencia o asesinados en circunstancias que no se han esclarecido ni investigado.

Con su asociación, Años Dorados, Fernando contribuye a este grupo social. Con plata y persona, como se dice de forma coloquial. Además gestiona donaciones de masacarillas, canastas de víveres y pruebas PCR. Antes de la llegada del covid-19, Fernando les impartía clases de peluquería y estilismo, «para que tengan una forma de ganarse la vida». En Ecuador, la mayoría de personas LGBTI, no concluyen la educación básica. Sus familias son los primeras en estigmatizarlos y excluirlos. Sin educación ni ingresosos, se ven orillados a la prostitución, la venta informal o la indigencia.

-¿Cómo financia la asociación?

-¡Con mi trabajo de estilista!

Fernando y yo conversamos por teléfono para realizar esta pieza peridística. Fue pasadas las once de la noche, después que cocinó y cenó. Pescado frito y patacón, su comida favorita. Gonzalo Abarca lo acompaña. Recuerdan que son amigos desde que Fernando estaba en en el vientre de su madre y que, en su natal Guayaquil, en las décadas de 1980 y 1990, los homosexuales y transexuales se disfrazaban el 31 de diciembre. Era la única fecha en la que podían hacerlo sin ser detenidos.

-Tampoco nos conocían como LGBTI. Simplemente éramos gays o maricas.-recuerda Fernando.

Entre los dos amigos existe camaradería y respeto. No tienen apodos entre sí. Se llaman «compa» mutuamente. Gonzalo recuerda que Fernando, a finales del siglo pasado, fue parte del boom de estilistas gays en Guayaquil. Antes de tener esa fuente de ingresos económicos, los transexuales y homosexuales trabajaban en la cocina. «A todos les decían Rosita», recuerda Gonzalo. En efecto, las cifras dicen que menos del 4% de empresas en Guayaquil, están dispuestas a contratar personal homosexual o transexual. El 97% de entrevistados cree que Guyaquil es una ciudad homofóbica y transfóbica.

***

Fernando tiene esperanza en que se dictará sentencia favorable en la demanda de lesa humanidad que él y el resto de sobrevivientes interpusieron ante el estado ecuatoriano. La fuente reservada no es tan optimista. «Detrás de las torturas y asesinatos existió un aparataje estatal y paraestatal dirigido por León Febres Cordero y el Partido Social Cristiano. Esta organización política sigue ejerciendo injerencia y control en la justicia. La única salida es una demanda a nivel internacional».

Fernando no pierde las fuerzas ni la fe:

-Solo la muerte me detendrá-dice, en un hilo de voz, antes de colgar la llamada telefónica.

Histórico: Ecuador declaró inconstitucional la criminalización de aborto por violación

Con siete de nueve votos, el 28 de abril del 2021 la Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional la penalización del aborto en casos de violación.

En julio del 2019, Miriam Ernest Tejada de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador; Olga Gómez de la Torre de la Fundación Desafío y Katherine Obando Velásquez, del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, presentaran una acción de inconstitucionalidad. La jueza ponente fue Karla Andrade Quevedo.

El marco legal en el que se ancló esta decisión de la Corte Contitucional se relaciona con normas que violentan los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, y grupos a quienes la Constitución considera de atención prioritaria en el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador.

Según cifras del INEC del 2019, a lo largo de su vida, el 32, 7% de ecuatorianas de más de 15 años de edad fueron vícitmas de violencia sexual.

Fiscalía y el Consejo de la Judicatura manejan cifras que hablan de al menos 435 mujeres judicializadas y criminalizadas por abortar entre 2013 y enero de 2019; de ellas, alrededor de 30 mujeres fueron sentenciadas por este mismo hecho desde 2015.

Línea del tiempo

En Ecuador, niñas desde los 10 años de edad mueren por causas relacionadas a embarazos, parto o post parto

Según datos del INEC recopilados desde 1990 hasta el 2019, 45 niñas entre 10 y 14 años han fallecido por complicaciones en el embarazo, durante el parto o después del parto. Estos decesos se producen porque los cuerpos de las niñas y adolescentes no están preparados para embarazarse y ser madres. 779 adolescentes de entres 15 y 19 años fallecieron por las mismas causas y en el mismo periodo.

Sin mencionar el daño psicológico que sufren las niñas y adolescentes violadas y embarazadas y la obstrucción de sus planes de vida que se ven truncados al tener que enfrentar la experiencia prematura de un embarazo y el posterior nacimiento del fruto de la violación que las convierte en madres sin haberlo deseado ni planeado.

Al respecto, la Constitución de Ecuador penaliza las relaciones sexuales con menores de edad en el numeral 5 del artículo 175 del Código Penal. La norma señala que “en los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años es irrelevante”, es decir, el criterio del menor de edad no se toma en cuenta en el proceso judicial, aún cuando asegure que las relaciones fueron consensuadas. 

Es necesario que a más de la despenalización del aborto en casos de violación el Estado ecuatoriano integre acciones que garanticen que las mujeres, adolescentes y niñas ecuatorianas tengan acceso al goce pleno de sus derechos. Lo contrario es arrojarlas a la hoguera de la vulnerabilidad y la falta de oportunidades.

Autora: Alicia Galarraga