¿SOLIDARIDAD CON TRAMPA?

Por: Annabell Guerrero Pita

La incoherencia y el doble discurso forman parte ya del estilo inconfundible de gobernar de Alianza País y su líder máximo, Rafael Correa, tanto así, que los anuncios del Primer Mandatario realizados a través de cadenas de televisión son recibidos por la población como un mal chiste. Sí, es que eso de andar proponiendo “pactos éticos” sobre paraísos fiscales y al mismo tiempo mantener a Pedro Merizalde como Gerente de Petroecuador, a pesar de haberse confirmado que ocultó información en su declaración patrimonial sobre su empresa offshore, constituida en Panamá, los desnuda de cuerpo entero.

Con las iniciativas legislativas pasa lo mismo, se miente respecto de las bondades que tienen las leyes remitidas desde el Ejecutivo, pues en la práctica y a partir de la vigencia de las mismas, se han conculcado derechos y libertades y sus fines han sido deleznables. En ese mismo sentido, desde la Presidencia de la República, se remitió a la Asamblea el Proyecto de Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, aprobada el 12 de mayo, la misma que tiene como objetivo la reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del presente año. Asambleístas de la oposición que votaron en contra de esta ley, ya que incrementaba el Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 12 al 14%, fueron duramente criticados por los oficialistas.

Ahora nos encontramos con que el dinero recaudado por esta Ley habría sido utilizado para otros fines;  y es que el propio Ministerio de Finanzas mediante comunicado público señaló: “con los US$120 millones que se registran como egreso de la subcuenta, el 4 de julio de este año, el Ministerio de Finanzas, en un eficiente e integrado manejo de la liquidez, ha venido pagando prioritariamente a proveedores de bienes y servicios del sector público en Manabí y Esmeraldas”.

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El pago a los proveedores de bienes y servicios es por demás justo, el Gobierno Nacional se encontraba moroso desde hace varios meses con estos sectores y debía cumplir con sus obligaciones, pero no con recursos que mediante ley fueron creados para un fin específico.  Nos encontramos entonces frente a acciones que deben ser transparentadas, pues podrían acarrear responsabilidades de carácter civil e incluso penal y no debemos olvidar que mediante esta norma se pretende recaudar alrededor de mil millones de dólares, lo que hace imperativo un exhaustivo control.

Creo que más allá de las presuntas ilegalidades que se hubieren cometido y el trasfondo ético, estaría la utilización de una catástrofe de esta magnitud y del sufrimiento de nuestra gente para “salvar el kiosko” frente a un manejo desastroso de la economía, esto sería lo imperdonable.

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