PARA MIS JEFES, MI ERROR FUE EMBARAZARME

A petición expresa de la denunciante, señora Viviana Vizueta, con documento de identificación número 2100096169, el equipo de Malcriadas, publica su denuncia:

PRIMER MOMENTO

Cuando ingresé a la Junta  Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Lago Agrio,  el 10 de marzo del año 2017, lo hice con muchas expectativas, ya que gané un concurso de merecimientos y oposición y además me trasladé desde la ciudad de Quito para desempeñarme en mi nuevo trabajo.  Sin embargo, desde el inicio tuve momentos de inflexión con la señora Gladis Becerra, también miembro de dicha Junta.  Es así, que en un inicio, las integrantes de la Junta la nombramos a ella como Coordinadora y en mayo de ese mismo año, la designación recayó en mi persona;  esta acción se le hizo conocer al señor Alcalde Abogado Vinicio Vega y en julio de ese mismo año, a partir de mi embarazo, se me informa en reunión que el señor Alcalde ha decidido que la nueva Coordinadora es la señora Gladis Becerra.  Las Juntas se organizan así mismas y por su autonomía, pueden elegir internamente quién es su Coordinador/a y demás elementos,  siendo arbitrario cuando un ente externo, en este caso el señor Alcalde de Lago Agrio, decide sobre las decisiones ya tomadas; cabe recalcar que el señor Alcalde nunca mantuvo una reunión con mi persona, es decir bajo ningún informe que sea de mi conocimiento realizó este cambio:

SEGUNDO MOMENTO

Quedé embarazada en julio del 2017, y en agosto del mismo año, mi situación de salud se complica, por lo que, para precautelar el buen fin de mi embarazo, los médicos recomiendan un reposo de 30 días.

Con fecha 23 de octubre del año 2017, el Alcalde de Lago Agrio, Abogado Vinicio Vega, en presencia de la señora Vicealcaldesa, Evelin Ormaza y las otras dos integrantes de la Junta, las señoras Angélica Villacís y Gladis Becerra (quien durante dicha reunión me humilla y presiona por mi renuncia) me pide la renuncia por mi condición de salud y me dice que después del parto, él me puede colocar en otra área dentro de la institución.  También me informa que se me receptarán, exclusivamente, certificados médicos del IESS-Nueva Loja y de Quito, solo si el IESS Nueva Loja me trasfiere hacia allá. Me acerqué de forma verbal a pedir una explicación en el IESS sobre este particular, instancia que a través del Dr. Prado me manifestó que él no ha solicitado que la atención sea únicamente del IESS, pero sí sugiere que me haga revisar en el IESS-Nueva Loja.  En el IESS me asignan la cita para el área de ginecología el día 28 de diciembre del año 2017, es decir, tres meses después.   De esta reunión, tengo como respaldo un video.

Estoy a pocos días de dar a luz y sigo trabajando en este ambiente hostil que me ha creado una esfera de estrés, depresión, y tristeza,  por lo que he tenido que tomar tratamiento psicológico en el IESS-Nueva Loja.

TERCER MOMENTO

Para poder realizarme los controles médicos, me sujeto a una lucha constante con la Institución municipal, pese a que, hacerlo está garantizado como un derecho irrenunciable y respaldado legalmente.  En el colmo del abuso, han llegado incluso a negarme los permisos con cargo a vacaciones.

La denuncia de acoso laboral en contra del señor Alcalde de Lago Agrio, Vinicio Vega y  la señora Gladis Becerra,  la presenté en el Ministerio del Trabajo con fecha 09 de noviembre del año 2017.  Hasta el día de hoy, no hay ninguna respuesta.  Ante este silencio,  y en mi búsqueda de justicia, presenté otra denuncia en el Consejo Nacional de Género en Quito, esta institución la trasladó a la Defensoría del Pueblo en Quito y la Defensoría de Lago Agrio la acogió.

CUARTO MOMENTO

Para salvaguardar mi salud y velar por el cumplimiento de mis derechos, he recurrido a solicitar  Medidas Cautelares, donde solicito explícitamete que de acuerdo a  ley, pueda hacer uso de la licencia por maternidad.  Faltan dos semanas para la fecha del nacimiento de mi hija, y recién, el día de mañana se dará la audiencia para que la justicia decida si acoje mi petición de Medidas Cautelares y que los denunciados, el señor Alcalde de Lago Agrio, Vinicio Vega y  la señora Gladis Becerra sean sancionados por violentar mis derechos de mujer embarazada y por acoso laboral del que he sido objeto.

He recurrido a hacer público mi caso, porque a pesar de que la Ley me respalda, todavía existe gente que cree que su efímero poder, está por encima de los derechos de los  demás, incluso de la lógica común.  Porque su irresponsabilidad, prejuicios e intereses mezquinos, han puesto en riegos mi vida y la de mi hija.  Es por ello que exijo una sentencia que cree precedente,  para que este tipo de abusos no se cometan contra otras mujeres, cuyo único delito es embarazarse y tener un empleo a la vez.

 

HUÍ DE MI ESPOSO VIOLENTO, AHORA ÉL RECLAMA A NUESTRA HIJA

El propósito de esta publicación es contar mi historia que como muchas de las historias de mujeres que han sufrido violencia de género, tiene un elemento en común, la dinámica de control y poder ejercida por el hombre, que en este caso, se suponía era la persona que juró protegerme y cuidarme.

Regresé a Ecuador desde Estados Unidos hace exactamente un año junto con mi hija quien ahora tiene 6 años. Mientras cursaba mi programa de doctorado en ese país, me casé con David Yépez, ciudadano americano-ecuatoriano. Él es veterano de la guerra de Irak, y en el año 2012 le diagnosticaron Esclerosis Múltiple, una enfermedad crónica de carácter degenerativa la cual no tiene cura. Debido a esta enfermedad él se ha visto afectado principalmente en la parte cognitiva, además de tener una afectación en la parte física. Algunas de las características de esta enfermedad que él manifiesta, incluyen la pérdida de memoria, depresión, problemas para enfocarse y razonar, falta de empatía, control de humor, episodios de violencia. Tengo que señalar que estos síntomas han ido incrementando en severidad y frecuencia hecho por el cual ha sido medicado para cada uno de estos síntomas. Aún más, el gobierno americano le ha dado un porcentaje de discapacidad del 60%. A pesar de la severidad de su enfermedad él siempre estuvo reticente a recibir tratamiento, siempre se negó a tomar las medicinas y nunca realizó las terapias de psiquiatría que su neurólogo le pidió seguir. Solamente toma medicación para disminuir el progreso de la Esclerosis Múltiple (aunque no tiene cura, la enfermedad siempre seguirá progresando). A pesar de que él ha sufrido de estos síntomas desde el 2012, todo empeoró en el año 2016. En octubre de ese año decidimos separarnos. Y, aunque al principio fue en términos amigables, la situación se tornó insostenible. El empezó a actuar de forma paranoica y violenta-agresiva. Me vigilaba todo el tiempo, instaló softwares para espiar mi computadora y mi teléfono. No me permitía ni siquiera ir al baño sola. Yo no podía cerrar la puerta ni para usar el inodoro, peor para bañarme. Dormía en la puerta de mi cuarto. Cada vez que salíamos de la casa, él, mi hija y yo, revisaba mis bolsillos, mi bolso, a veces hasta mi cuerpo.  Todo esto es únicamente una muestra de lo que viví y soporté durante este tiempo.

Durante el tiempo que residí en Estados Unidos, tuve una visa de estudiante que me permitía poseer el estatus de inmigrante legal. Y aunque he estado casada por 7 años con un ciudadano estadounidense, nunca tuve la intención de quedarme a vivir en Estados Unidos. En parte debido al hecho de que una proporción del valor de mis estudios fue financiada con una beca del Senescyt, lo que hacía inevitable el tener que regresar a Ecuador a devengar mi beca. De esta circunstancia el papá de mi hija estaba totalmente al tanto y estuvo de acuerdo con el hecho de que teníamos que regresar. En medio de estas circunstancias, apliqué para obtener la residencia en Estados Unidos. El proceso de petición al gobierno estadounidense para que me otorguen la residencia fue iniciado por él ya que la única vía de obtenerla es a través del matrimonio con un ciudadano estadounidense. Una vez que envié mi aplicación, mi visa de estudiante se canceló. Así desde octubre del 2016 poco antes de tener que regresar a Ecuador, el nivel de violencia psicológica que él ejercía conmigo culminó con la constante amenaza de que nunca más iba a ver a mi hija si regresaba a Ecuador. Él llegó a mencionar que si regresaba lo tendría que hacerlo sin ella y que iba a retirarme mis papeles de inmigración y denunciarme ante las autoridades. Así en febrero del 2017 recibí una llamada de mi abogado de inmigración para avisarme que él, mi esposo, había retirado la petición para mi residencia con lo que yo me había convertido en una inmigrante ilegal. El abogado me dijo que tenía una semana para irme del país antes de que oficialmente se formalice la anulación del proceso. Hablé con dos abogados más en Estados Unidos y ambos coincidieron en lo mismo. No tuve otra opción más que irme de allá con mi hija. Yo tenía que abandonar el país antes de que él me denunciara en inmigración y empiecen el proceso de deportación. Jamás podría haberme ido sin mi hija, no habría podido dejarla con él, sabiendo los problemas mentales que tiene.

Apenas llegué a Ecuador tramité la ciudadanía ecuatoriana para mi hija y pedí se me otorgue su custodia ante un juez, quien me la otorgó en base a los argumentos legales que presenté. Sin embargo, hace 2 semanas recibí las citaciones para un juicio de restitución internacional que me el Ministerio de Justicia en representación de él, mediante el Acuerdo de La Haya. Esta demanda es, a todas luces, injusta y no busca la restitución de mi hija a un lugar que le brinde seguridad emocional, física y psicológica. . Durante todo este año que hemos permanecido en Ecuador, el padre de mi hija no se ha interesado en saber cómo se encuentra ella. Jamás ha llamado ni ha tratado de averiguar por mi hija. Ni por su cumpleaños, ni en Navidad, nunca se pronunció. Él sabe dónde vivo, el teléfono, mis correos, pero jamás ha tratado de comunicarse. Es por esto que no entiendo por qué ahora se hace presente con un juicio por restitución. Solo espero que la decisión que tomen los jueces, sea amparada en el bienestar superior de mi hija, que en este caso es la más importante.

¿SIN MANOSEO EN PARTES ÍNTIMAS NI PENETRACIÓN, NO HAY VIOLENCIA SEXUAL?

En base a este argumento, en septiembre del 2017, los jueces declararon inocente a Mario,  pofesor de Daniela Ortega en el colegio Hipatia Cárdenas en Quito.  El testimonio de la adolescente narra que el profesor Mario, alabó sus piernas,  le alzó la falda, le hizo un corazón con esfero en la pierna e intentó besarla.

Daniela Ortega nos cuenta su testimonio e invita a apoyarla en su búsqueda de justicia, que lleva ya 2 años. El martes 20 de febrero del 2018 a las 8:00am en la Corte Provincial de Justicia (Diego de Almagro y 6 de diciembre, frente a la plaza Argentina), se realizará la Audiencia de apelación en su caso. Acompañemos a Daniela, los esperamos.