Discurso de @PilarRassa durante la celebración del Día del Abogado en el Colegio de Abogados de Pichincha

Estimados colegas, amigas, amigos, familiares,  quisiera en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes el día de hoy que celebramos el Día del Abogado y Abogada, porque estoy segura de que tanto ustedes, así mismo que miles  de colegas más en todo el país, creen en el Derecho y están convencidos de su importancia para el desarrollo y funcionamiento de la sociedad, por ello conmemorar este día, significa conmemorar el   derecho y  hacer un homenaje a la búsqueda de la verdad.

Nos hemos reunido hoy para festejar nuestro día, reconociendo la trayectoria profesional de hombres justos, de abogados de mente clara y de obra prodiga,  de quienes han entregado su vida a esta noble profesión y tienen en el ejercicio de la misma 25 años, y otros 50.

Vamos a festejar nuestro día pero no podemos dejar de mencionar lo que está sucediendo en la justicia, pues la movilización social que llevó a la expedición de la Constitución en el  2008, logró que  se incluyan todas las normas necesarias para garantizar la independencia de la función judicial en este cuerpo normativo, no sólo con la declaración de los principios que deben regir a la administración de justicia, sino con una serie de medidas como los concursos de mérito y oposición, la carrera judicial, la formación continua, la evaluación periódica, sin embargo, al poco tiempo, nos damos cuenta que estos postulados no se cumplen.

La “metida de mano en la justicia” por parte del poder ejecutivo, no solo implementó cambios que mermaron, de manera muy seria, la independencia y autonomía judicial, sino que instaló un perverso mecanismo de imposición de la “agenda” judicial a través de adelantar criterios judiciales en los Enlaces Ciudadanos del primer mandatario, que se convirtieron en verdaderas órdenes para los jueces, llegando incluso al absurdo de sancionar o destituir a los jueces que actúan en contraposición a las disposiciones del régimen. Esta falta de independencia de la función judicial ha sido incluso observada por organismos internacionales que han expresado su preocupación por la utilización indiscriminada de la figura del error inexcusable como causal para atemorizar a los jueces que no se someten a directrices emanadas desde el poder.

Por tanto, un problema grave que nos afecta a los abogados y abogadas, es la independencia judicial, el cual es un presupuesto necesario para el fortalecimiento de la democracia y, por tanto es indispensable que los diseños institucionales y los acuerdos políticos tengan tal objetivo como prioritario. Los ecuatorianos y ecuatorianas, durante mucho tiempo, hemos anhelado que la justicia tenga independencia externa e interna, es decir sea autónoma de las partes, de los otros jueces, de los otros poderes Estado y del público, lastimosamente hoy menos que nunca esto se cumple.

En los últimos años, los profesionales del derecho nos vemos avocados a una serie de problemas en el ejercicio de nuestra profesión, que afectan directamente la posibilidad de defender a nuestros clientes, pues el modelo de justicia impuesto desde el Consejo de la Judicatura, nos impone un peregrinaje para entregar demandas, acceder  a jueces y funcionarios judiciales, sacar copias de juicios o visitar a nuestros clientes detenidos. Tomando en cuenta además, que siempre estamos amenazados con ser sancionados.

También hay que tomar en cuenta que se ha precarizado el trabajo que realizan funcionarios y funcionarias judiciales, pues se les imponen metas imposibles de cumplir en 8 horas de trabajo, frente a lo cual, lo más fácil, es el archivo de demandas.

Esta “metida de mano” en la justicia, no ha pasado desapercibida para Organismo internacionales, por ello es necesario recordar las Observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Ecuador del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en referencia a nuestra justicia que  dice:

“Independencia judicial

25. Al Comité le preocupa las alegaciones relativas al uso frecuente por parte del Consejo de la Judicatura del sistema de disciplina previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial para destituir a jueces, en particular a través del uso de la figura amplia del “error inexcusable” prevista en el artículo 109 (7) de ese Código. También le preocupa las alegaciones sobre las amenazas de iniciar procesos judiciales y los procesos efectivamente iniciados contra jueces en relación con el ejercicio de sus funciones, y sobre la utilización frecuente del sistema judicial para generar duras sentencias contra críticos del gobierno y miembros de la oposición de una manera que pone su imparcialidad en cuestión (art. 14”. Esto dicen los organismos internacionales.

Asistimos, entonces, con indignación y asombro, al atropello de la Constitución y de los Tratados Internacionales que pregonan la independencia y autonomía judicial, y día a día comprobamos que la administración de justicia se convirtió en un instrumento de persecución en contra de los movimientos sociales y la protesta social, al servicio del poder ejecutivo. Por otro lado, en lugar de mejorar los procesos se los ha burocratizado, enfatizando solamente en la reducción de los tiempos de tramitación de las causas, sin poner atención a la calidad de los fallos.

Es por ello que este día de grata recordación para el gremio de abogados y abogadas, es propicio para  exigir que de manera urgente se respete la independencia y autonomía de los jueces y cortes del país, los derechos constitucionales y legales de abogadas y abogados en el libre ejercicio profesional, así como como el respeto a los derechos laborales de las y los operadores judiciales.

Le decimos al poder: No vamos a permitir que se nos siga atropellando, VIVAN LAS ABOGADAS Y ABOGADOS DE PICHINCHA

Fotografía tomado del Consejo de la Judicatura