Por Annabell Guerrero
Casi nada sorprende ya del régimen correísta. Su indolencia frente a la situación de SOLCA y los enfermos de cáncer nos dejó bastante claro que lo del ser humano sobre el capital es un cuento que ni ellos mismo se lo creen.
Sin embargo, frente a la reciente catástrofe que afectó a nuestro país, y siendo testigos de la inmensa solidaridad de nuestra gente, ingenuamente pensamos que así como la sociedad civil se puso a la cabeza, organizando centros de acopio, colaborando como voluntarios, ayudando a quienes lo han perdido todo, construyendo, cociendo, reciclando, pues así también pensamos que sucedería con el gobierno central.
Pues nada más apartado de la realidad, la mezquindad se hizo presente a nivel de todo el aparataje gubernamental, ya sea retardando la entrega de ayuda humanitaria con la sola finalidad de pegarles un sticker con el logo que identifica a tal o cual Ministerio o incluso al partido oficialista o, esperando para que la entrega de donaciones las haga alguna «figura relevante» de Alianza País, todo con miras a las próximas elecciones.
Un hecho que dejó perpleja a la opinión pública nacional e internacional fueron las amenazas del Presidente a los damnificados con meterlos presos por lamentarse. A estas deleznables actuaciones, que nos han llenado de indignación, tenemos que sumar el hecho de que en el Campamento de la Refinería del Pacífico, ubicado en el sector El Aromo cerca de Manta, en donde existen 140 viviendas desocupadas, serán utilizadas por la burocracia gubernamental y no por los damnificados como se esperaba.
¿Cómo es posible que mientras niños y niñas se encuentran en las calles, en albergues improvisados, a la intemperie, corriendo todo tipo de peligros, incluso expuestos a abusos de toda índole, prefieran acomodar a la burocracia?
La Refinería del Pacífico es un proyecto que se encuentra varios años paralizado y al que varios analistas lo han denominado “elefante blanco”. Solamente el movimiento de tierras costó alrededor de 1.200 millones de dólares, de los cuales el 81% fue invertido por Petroecuador. Las irregularidades no se quedan allí: en febrero de 2016 la Comisión Anticorrupción denunció un presunto sobreprecio de 50 veces del valor real del terreno.
Existen voces que señalan que no es momento para cuestionar al régimen, que debemos centrarnos en la solidaridad y creo que así debe ser, el país debe estar movilizado en torno a la ayuda a los damnificados, no podemos decaer, nuestra gente nos necesita. Sin embargo, este tipo de acciones que dejan al descubierto lo más ruín de una administración, deben ser denunciadas y rechazadas por arbitrarias, indolentes e inhumanas.
¡El Aromo para los damnificados, No para la burocracia!