La inconsulta y arbitraria decisión del Ministro de Educación de reubicar a 16 maestros del colegio Juan Pio Montúfar, motivó que los estudiantes de esa institución educativa iniciaran importantes jornadas de protestas, ante esto, como ya es costumbre por parte de las autoridades gubernamentales, en este caso el Ministro de Educación, la respuesta no fue otra que la represión.

El Ministro de Educación Augusto Espinoza y el Presidente de la República Rafael Correa señalaron que los estudiantes estaban siendo manipulados y que el Gobierno no tiene por qué  consultar este tipo de decisiones con ellos, desconociendo que nuestra Constitución sí establece este principio en su artículo 45; los chicos del Montúfar respondieron a los señalamientos sobre una supuesta manipulación con una emotiva marcha de antorchas a la que asistieron también padres de familia, en la que demandaban no se persiga a los estudiantes y no les dejen sin sus maestros.

Las protestas que se realizaron principalmente los días 15 y 16 de febrero dejaron un saldo de alrededor de 20 detenidos, la mayoría menores de edad y decenas de estudiantes heridos, pero fue el 16 de febrero, que de manera inhumana se encerró a los estudiantes dentro de la institución, poniendo candados en las puertas laterales y llegando incluso a soldar la puerta principal, para luego dar paso a un operativo policial en el que ingresaron cientos de oficiales de las fuerza pública  que de manera brutal agredían a los estudiantes que encontraban a su paso, llegando al punto de ingresar con el trucutú, generando pavor en el alumnado.

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Los jóvenes detenidos; al rendir sus versiones denunciaron que fueron víctimas de tratos crueles y degradantes al ser golpeados con toletes, puñetazos y patadas, que jamás se les leyeron sus derechos. Frente a estos hechos, a la propia Fiscalía, no le quedó otra que proponer una terminación anticipada del proceso, a través de la figura de la remisión y retroceder en su acusación de “ataque o resistencia”, sabían que se había actuado ilegal e inconstitucionalmente, que se violaron los derechos humanos de adolescentes y querían salir de esta situación cuanto antes.

Lamentablemente, ahora se cierne otra amenaza en contra de estos jóvenes y es que el propio Presidente, acostumbrado a disponer de jueces y fiscales y dictar sentencias desde los enlaces ciudadanos, ordenó a su “nervioso y sumiso” Ministro de Educación que los estudiantes del Montúfar deberán ser sancionados con la separación de la institución y a estudiar a distancia, a pesar de que esta figura no está contemplada en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y que es una medida prohibida por el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 41, pues implica exclusión; a pesar de todo esto el Ministro de Educación, simplemente agachó la cabeza y obedeció sin chistar. Bueno, este señor ya es un experto en vulnerar el derecho a la educación y esto no constituye sino una mancha más al tigre.

La lucha de los estudiantes del Montúfar es una causa justa a la que se han sumado padres de familia, maestros, estudiantes de otros Colegios, entre ellos El Mejía y la ciudadanía que también siente el hastío frente al autoritarismo y el abuso de poder.