Por Pilar Rassa

En un hecho sin precedentes, el 17 de abril del 2015, la Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales, con competencia en Infracciones Flagrantes, con sede en el Cantón Quito, Dra. Janeth del Socorro Chauvín Valencia, mediante auto dispone el allanamiento e incautación de documentos, computadoras y demás equipos informáticos, que se encontraban en la sede del Colegio de Abogados de Pichincha, a petición de una minoría de ex directivos del mismo, quienes solicitaron la práctica de una actuación urgente, bajo el argumento de cometimiento de irregularidades, en la afiliación de extranjeros en el Colegio, así como supuesto mal manejo económico.

Estas “irregularidades no fueron discutidas a lo interno del Directorio del Colegio y de haberse cometido, no sería posible hacerlo sino con la participación de Secretario y Tesorero, quienes fueron parte de los peticionarios de la acción urgente.

Cabe señalar que los solicitantes de este acto, días antes apoyaron la gestión del Consejo de la Judicatura, lo cual se contraponía a la posición de la mayoría del Directorio expresada públicamente, así como de agremiados, que se manifestaron mediante encuesta, reclamando cambios en el nuevo modelo de justicia.

Al disponer la Jueza la incautación de computadoras y demás equipos informáticos, estaba condenando al Colegio, a la paralización del mismo, pues se incautaron equipos e información necesaria para su normal funcionamiento.  No lograron este propósito, si lo era, pues se disponía de respaldo de la misma y se puso en funcionamiento equipos que estaban al momento siendo arreglados.

Han transcurrido once meses del acto urgente en que se incautó equipos y documentación del Colegio de Abogados y hasta el momento no existe resolución al respecto.

Ante este hecho que dañaba al CAP y pretendía paralizarlo, el Tribunal de Honor procedió a abrir expediente a los ex directivos, pero ellos nuevamente acudieron a la “justicia” y presentaron una acción de protección, y lograron  suspender los mencionados expedientes.

A pesar de todo lo señalado, el Colegio siguió funcionando, se reemplazaron a los ex directivos y tal como señalan los estatutos, en el mes de diciembre, se procedió a convocar a elecciones.

Pero, nuevamente los detractores presentan otra Acción de Protección, para impedir que se convoque a elecciones y como resultado de ésta, el Consejo Nacional Electoral, convoca elecciones, dirige y garantiza la “transparencia” de las mismas, pues nuevamente la justicia le da la razón a los ex directivos.

El CNE, en cumplimiento de la disposición de la Jueza, dicta un instructivo electoral contraviniendo claras disposiciones del Estatuto del Colegio de Abogados de Pichincha; además, por primera vez, las elecciones se realizarán fuera de los recintos del Colegio, mismas que se efectuarán el 18 de marzo, por disposición de ese organismo.

La Constitución, garantiza a todas y todos los ecuatorianos la libertad de organización en todas sus formas, como expresión de la soberanía popular. Lo señalado por la Constitución no admite dudas ni interpretaciones y si fuera del caso, se lo haría en sentido que más favorezca la vigencia de los derechos, conforme lo establece el principio 5 del artículo 11 de nuestra Ley suprema.

Las organizaciones sociales deben tener plena autonomía, sin injerencia del Estado; es imperativo garantizar la participación social protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado, la sociedad, y de sus representantes, y no restringirla o negarla, como sucede en este período de la revolución ciudadana.

La disolución de la Fundación Pacha Mama, la persecución a Fundamedios o la cooptación de casi todos los colegios de abogados del Ecuador, con directivas afines al gobierno, son claras muestras de la intencionalidad del régimen de acallar las voces disonantes de organismos gremiales, organizaciones no gubernamentales, laborales. Si esto no es posible, se las disuelve o crean organismos paralelos.

El Colegio de Abogados de Pichincha, este 18 de marzo, renovará sus dignatarios en un proceso organizado por el CNE, con un reglamento elaborado por este organismo y en las instalaciones de este organismo del Estado. Si esto no es intervencionismo, qué es?