Por Angélica Porras

Como tan claramente lo expresa Marcela Lagarde (2005) en su conocido libro Los cautiverios de las mujeres: madresposas, putas, monjas, presas y locas, “la opresión de género está activa en el mundo. A pesar de nuestros logros, la vida de cada mujer contemporánea sucede en condiciones históricas de hegemonía patriarcal”.

El espacio de la administración de justicia no es la excepción, allí se evidencian todos los días, en todos los actos, las distintas aristas con las que el Derecho y su aplicación, subordinan a las mujeres, sus necesidades, sus identidades y sus demandas. Alda Facio (1999) describía en su texto Metodología para el análisis del género del fenómeno legal tres componentes del derecho: el político-cultural; el estructural y el formal-normativo en los que se manifiesta el androcentrismo de lo legal.

Vale la pena por el asunto que aquí nos atañe referirnos al componente estructural y al político-cultural. En el primero se sitúan las actuaciones de las cortes, jueces, administradores y auxiliares de justicia, que además se complementa con las costumbres y opiniones que sobre el ejercicio del derecho tienen las personas en general, que corresponden al segundo.

En este contexto, ¿Qué pasa con una mujer-madre que debe acudir a la justicia para solicitar que el padre de su hijo cumpla con sus obligaciones?

Precisamente allí se manifiestan normas, actitudes, decisiones judiciales cargadas de androcentrismo, que de facto culpabilizan y penalizan a las mujeres, pues son ellas quienes deben buscar un abogado, quienes deben perder el tiempo (su tiempo de vida) en seguir el proceso para que se cumplan las normas escritas y vigentes. Resultando al final que, se le demoniza y satiriza por medio de comentarios despectivos y afirmaciones cargadas de sexismo propias de la ignorancia supina e irresponsable: “la pensión es un negocio…”; “esa plata debe ser para los hijos y no para ella…”; “la ley las vuelve mantenidas…”; y, demás cuestiones que muchas y muchos hemos escuchado y, tal vez, hasta repetido consciente o inconscientemente. Seguramente habrá excepciones, pero la regla es la descrita.

Actualmente a esto hay que sumar que nuestras vidas, angustias y placeres se ventilan en redes sociales, en las que cualquiera, desde ningún lugar, puede opinar sobre lo adecuado o no de las actuaciones de las madres que solicitan pensiones, ocultando una vez más las ideas y deseos de quiénes son las involucradas, usuarias de la administración de justicia, ¿qué dicen ellas?, ¿qué han tenido que pasar para alcanzar una pensión alimenticia?,  ¿es suficiente para vivir lo que se logra al fijar una pensión?

Todas esas preguntas han sido dejadas de lado, ocultadas, no se ha tomado en cuenta la voz de las usuarias de la administración de justicia, las que deben sufrir en carne propia todos los días, retrasos, discriminación e incluso ofensas.