Una colaboración de Cecilia Espinosa
En los últimos días mucho se ha dicho sobre pensiones alimenticias. Y aquellos que hablan de mujeres “negociantes”, prefieren ignorar una realidad invisibilizada: la de las madres a las que les ha tocado asumir toda la carga de la crianza, cuidado y manutención de los hijos en un sistema machista dominante. Madres que no tienen la opción de renunciar a sus obligaciones y que hacen enormes sacrificios para ser para sus hijos madres criadoras y proveedoras. Estas madres no conocen de argumentos superficiales, de citas de autores, de frases elaboradas. Pero sí sufren en carne propia los criterios y prejuicios que desnudan a muchos sectores de la sociedad. Estos prejuicios muestran desconexión y desconocimiento del día a día en el que viven las madres ecuatorianas que se ven obligadas a ser padre y madre a la vez. Esta tribuna misógina, machista e inquisidora, se autocomplace aplaudiendo sus “brillantes” soluciones. Y son sus propios prejuicios y sesgos los que no le permiten mirar más allá, pues fuera de la comodidad de sus escritorios y de sus muros, desconocen totalmente cómo encaran las madres solas su situación. Es así como estos seres iluminados se creen con la solvencia moral para permitirse hablar de límites a la tabla de pensiones alimenticias, o de rendición de cuentas para la madre sobre los dineros a ella asignados para el cuidado de los hijos. Para plantear tales “soluciones”, parten de la presunción de que la madre busca perjudicar a sus hijos y hace de ellos un negocio.
En nuestra sociedad, las mujeres que acuden al sistema de justicia para exigir que el padre de sus hijos cumpla con sus obligaciones económicas y afectivas, son mal vistas. Pero lo que ignoran los prejuiciosos, es que las madres lo hacen porque el padre prefiere evadir sus obligaciones. Así lo demuestran las cifras, pues la mora en materia de pensiones alimenticias es escandalosamente alta, superando el 80% de los casos evacuados en las Unidades Judiciales de la Familia. La falta de cumplimiento de las obligaciones económicas, generalmente va de la mano con el abandono afectivo al niño, el repudio social y la adjetivación a la madre si trata de cobrar estas pensiones vencidas. Por el contrario, se aplaude y se respalda la irresponsabilidad de padres fugitivos, que huyen de las obligaciones para con sus hijos, como fue el caso reciente del futbolista Enner Valencia.
Aquí una radiografía de lo que sucede a diario en el sistema de justicia ecuatoriano: Marcela (nombre ficticio) se divorció hace 10 años. Durante el juicio de divorcio, ella no pudo demostrar los ingresos de su ex-pareja y él le propone al juez entregar una pensión alimenticia de 20 dólares por cada una de sus hijas de 7, 3 y 1 año respectivamente. El juez observa que los 20 dólares no le alcanzaría ni para un litro de leche al día y fija una pensión alimenticia mensual de 30 dólares por cada una de sus hijas, 90 dólares en total. Después de la audiencia de divorcio, ni Marcela ni sus hijas volvieron a verlo, tampoco realizó ningún pago de pensiones alimenticias. Al cabo de muchos años, aparece para pedir que se le firme unos recibos, por cuanto necesitaba salir del país para radicarse en el exterior.
Lucía (nombre ficticio), madre de dos niños, que pese a estar casada y convivir con el padre de sus hijos, era quien debía encargarse de toda su manutención, puesto que su ex pareja la llevó a vivir con sus suegros y ya le “ayudaba con la vivienda”. Cuando él la abandonó, tuvo que salir de la casa de los suegros y conseguir un trabajo a medio tiempo, cuya remuneración no llegaba ni al salario básico. Así tuvo que sobrevivir con sus dos hijos, pues el padre nunca más apareció.
Historias inverosímiles como las que se cuentan aquí, son cotidianas y se reproducen a gran escala.
A diario, en las Unidades Judiciales de Familia, se presencian verdaderos dramas, en donde la constante es ver a los padres valiéndose de cualquier artimaña para evadir lo más que puedan sus responsabilidades y prefieren ser forzados por el juez antes que asumir sus obligaciones. Los hay también los que presentan argumentos increíbles para justificar el no cumplimiento de las mismas. Los argumentos más utilizados son aquellos que atacan la moral de la mujer que es la madre de sus hijos.
Con estas pocas historias reales, todavía hay quienes piensan que el problema de las niñas y mujeres violadas, es un tema de menor importancia y que no debe ser debatido en la sociedad. Creen que es mejor esconder bajo la alfombra la realidad de estas niñas y adolescentes que son obligadas por una ley misógina y retrógrada a dar a luz al hijo de su violador, que en la mayoría de los casos es un miembro de su núcleo familiar. ¿Acaso este violador les brindará asistencia económica para sostener a su hijo? Claro que no. En las niñas, adolescentes y mujeres violadas nadie piensa, pese a que el tema merece un serio análisis y mucho más en tiempo de elecciones. Los que quieren seguir condenando a la mujer con leyes calificadas por la propia ONU como que favorecen a la tortura, prefieren olvidar que existe una exhortación explícita de la ONU para que la legislación ecuatoriana despenalice el aborto por violación.
Quienes nos declaramos feministas, quienes libramos batallas a diario en las Unidades Judiciales y Tribunales, vivimos una realidad que muchos no alcanzan a imaginar. Por dedicarnos a esta tarea, que es una tarea de justicia, nos llaman desde fanáticas, hasta feminazis, y otros calificativos que no pueden ser escritos en estas líneas. Pese a todo, no callaremos.
No aceptamos que se señale a las madres como negociantes de sus hijos o extorsionadoras, aquello nos ofende y nos indigna a todas, porque esa forma de señalarlas no se compadece con la realidad de la mayoría de las madres ecuatorianas. Queremos una sociedad más justa e incluyente en donde padres y madres pensemos más en nuestros niños.