Investigación, texto e infografía: Alicia Galarraga
Esta es una historia que pudo ser de muerte. Pero es de sobrevivencia.
Desde su infancia, Andrea Peñaherrera supo que le gustaban las niñas. En la escuela, las autoridades y las maestras la llamaban «manzana podrida». Su madre le repetía que prefería tener una hija muerta antes que «marimacha».
Un estudio de la organización no gubernamental Taller de Comunicación Mujer compuesto de 258 muestras, concluye que el lugar donde las personas LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer) reciben el mayor número de agresiones es su hogar. Estas agresiones son de tipo físico en un 19%; psicológico en 17% y sexual, 6%. El INEC corrobora estas cifras. El 70,9% de entrevistados sufrió algún tipo de violencia en su hogar debido a su orientación sexual.
Cuando Andrea era adolescente, su madre la llevó a una psicóloga para que le quite de la cabeza «esas ideas distorsionadas sobre su sexualidad». Andrea escuchó de esta profesional que las lesbianas terminan suicidándose. O en el infierno. Andrea se rehusó a tomar estas expresiones como verdaderas y decidió estudiar psicología clínica. Para la profesional que la atendía de niña, las lesbianas no debían estudiar psicología porque eran «peligrosas».
En la actualidad Andrea trabaja como psicóloga acompañando a personas LGBTIQ+. Entre los casos más conmovedores, recuerda el de un joven que fue ingresado a una clínica de deshomosexualización por su madre. Ella era de condición económica vulnerable y pagaba el «tratamiento» con sacos de arroz. El joven fue asesinado en el interior de la clínica de deshomosexualización.
Otros chicos que estaban ahí recibiendo «tratamiento» le contaron a la madre que el joven fue ahogado con los mismos sacos de arroz que llevaba para pagar el internamiento. La madre puso la denuncia ante la justicia. Sin embargo, la denuncia fue archivada sin que haya existido sentencia.
Lo más grave es que el dueño de este centro de deshomosexualización continúa abriendo espacios similares. Tras la muerte del joven, al ser notificado por la Fiscalía General del Estado para las investigaciones, inauguró otra «clínica» en un lugar diferente del país. Al respecto, Andrea Peñaherra cree que «la justicia parece no llegar para las minorías LGBTIQ+. Esta impunidad es lo que nos mantiene siendo una población minada y aminorada en derechos«.
En enero del 2017, el Comité para la Tortura de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) emitió un informe sobre el caso ecuatoriano. El Estado recibió un llamado de atención por la situación de personas LGBTI encerradas en centros clandestinos de deshomosexualización en contra de su voluntad. Este tipo de tratos son considerados por organismo internacionales de defensa de derechos humanos como «degradantes» y representan una «forma de tortura». Al Comité para la Tortura de la ONU, además, le llamó la atención que ninguno de los casos denunciados haya terminado con sentencia. El Estado ecuatoriano, hasta la fecha, no ha respondido.
Si bien estos centros están prohibidos, funcionan bajo la figura legal de clínicas para tratar adicciones. El Ministerio de Salud tiene registrados y autorizados sesenta centros que funcionan como tales en el país. En estos lugares las personas LGBTIQ+ son sometidas a violaciones sexuales, administración de hormonas, descargas eléctricas, baños con agua fría y encierro en celdas minúsculas sin acceso a servicios básicos ni alimentos. Andrea se pregunta, «¿qué tipo de seguridad existe para las personas LGBTI Q+ en sus hogares, si sus propios familiares los exponen a secuestro, encierro y tortura?»
El caso de Andrea es excepcional. Según las cifras del INEC, pese a que el 31,8% de población LGBTI entrevistada cuenta con educación superior, solo el 3,5% tiene acceso a posiciones de gerencia o dirección y el 49,5% obtiene sus ingresos dedicándose a «vendedores de comercios y mercados». En Guayaquil, el 4% de empresas está dispuesta a contratar personal transexual.
La homosexualidad fue despenalizada en Ecuador en noviembre de 1997. Sin embargo, Andrea considera que en el país todavía queda mucho por hacer en cuanto a acceso real a derechos para estos ciudadanos. Y aunque su trabajo sea «como el de una hormiga», cree que hacerlo ayuda a que otras personas LGBTIQ+ vivan destinos libres, donde su condición sexual no sea un impedimento ni un motivo para avergonzarse o no cumplir sus sueños.